Para los asesores fiscales, las derivaciones de responsabilidad a los Administradores de sociedades mercantiles por parte de la Administración Tributaria están siendo, lamentablemente un frente, demasiado frecuente. El cliente por su parte, recibe la noticia con sorpresa y desconcierto, y es que la responsabilidad puede ser declarada en cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación o a la presentación de la autoliquidación, salvo cuando la Ley dispone expresamente otra cosa.

La derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables, viene recogida en la Ley General Tributaria (LGT) y su reglamento de desarrollo, de manera muy deficiente. Los preceptos afectados han sido objeto de dos modificaciones legislativas desde que aprobó la LGT en el año 2003, ambas tendentes a asegurar el pago de la deuda en un intento más del legislador para luchar contra el fraude fiscal.

Los órganos de inspección pueden y suelen derivar responsabilidad con anterioridad al vencimiento del período voluntario de pago, mientras que en los demás casos la competencia corresponde al órgano de recaudación.  No obstante, con el fin de asegurar el cumplimiento de las deudas tributarias, nada impide a la Administración tributaria que, eventualmente, y con anterioridad a la declaración expresa de responsabilidad, adopte medidas cautelares.

Con todo, nos podemos encontrar con un procedimiento inspector a una empresa en el que, además de soportar lo que el propio procedimiento conlleva, atendiendo recurrentemente las peticiones del actuario en fase de instrucción, que recordemos, puede alcanzar hasta 18 meses, podamos encontrarnos con embargos preventivos de bienes, y un procedimiento de derivación a su Administrador.

No podemos negar que el legislador ha facultado a la Administración en su posición de fuerza inquisitiva frente al contribuyente, a “arrasar” técnicamente por donde va, pero afortunadamente los Tribunales suelen corregir los envites administrativos en esta materia. Lo lamentable es que la Justicia no es justa si es excesivamente lenta, y nos encontramos, a menudo con escenarios empresariales apocalípticos tras el paso de la inspección de tributos, a pesar del éxito obtenido de la Justicia ordinaria.

¿Qué tipos de responsabilidades pueden derivarse?

Profundizando técnicamente en el tema dedicado a este post, debemos de distinguir dos tipos de responsabilidad, la solidaria (LGT art.42) y la subsidiaria (LGT art.43). Así, los obligados tributarios se configuran como deudores principales, y junto a ellos la ley configura como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria a otras personas o entidades.

La regla general es la responsabilidad subsidiaria, pues la responsabilidad solidaria precisa de un precepto legal que expresamente la determine. El ámbito de la responsabilidad se extiende a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario, pero no a las sanciones, salvo en determinadas excepciones.

El artículo 41.5 de la mentada norma, exige que, tratándose de un caso de responsabilidad subsidiaria, se dicte la declaración de fallido del deudor principal y de los posibles responsables solidarios, configurándose así, como una condictio iuris para la exigibilidad de la deuda, pero la obligación ex lege del responsable surge con la realización del presupuesto de hecho establecido por la ley.

En cualquier caso, los administradores de hecho o de derecho de las sociedades de capital debe de saber que pueden incurrir en responsabilidad tributaria si no efectuaron con diligencia los actos inherentes de su representación en materia tributaria, o llevaron a cabo actos de adopción o consentimiento que desencadenaron o posibilitaron el surgimiento de dicha responsabilidad.

De igual manera, las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades (no se produciría en caso de cese temporal) pueden arrastrar su responsabilidad al Administrador cuando este no hubiese hecho lo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias que se encontraren pendientes al momento del cese.

Por último, los Administradores también pueden resultar responsables por las deudas de las personas jurídicas obligadas a efectuar la declaración e ingreso de las deudas tributarias procedentes de tributos que deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, cuando existiendo continuidad en el ejercicio de la actividad de la sociedad, se lleven a cabo de forma reiterativa autoliquidaciones sin ingreso, así como también se justifique el hecho de que no se tiene la pretensión de dar cumplimiento cabal a la obligación tributaria.

Pero la norma prevé incluso la responsabilidad en el entorno de un procedimiento concursal o de liquidación societaria, y es que los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general pudieran responder cuando no hubiesen efectuado los trámites pertinentes para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias adquiridas.

Por tanto, los Administradores de las sociedades deben de tener la máxima cautela para procurar evitar esa responsabilidad que en última instancia prevé el legislador para ellos.

Por su parte, el artículo 42 de la LGT dispone que son responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria, extendiéndose también su responsabilidad a la sanción; se exige por tanto, una acción activa y culposa a diferencia de la responsabilidad subsidiaria.

Especial mención merece el riesgo de aquellos que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio, pues no son pocas las ocasiones en las que un traspaso de negocio oculta una acción administrativa de derivación de responsabilidad tributaria para el nuevo empresario.

Aunque la falta de pago del deudor principal en período voluntario es requisito imprescindible para requerir el pago al responsable solidario o subsidiario, la declaración de responsabilidad puede realizarse con carácter previo a la constatación de la falta de pago. Esto supone en la práctica un mecanismo de presión para que el deudor principal asuma la deuda, sin que llegue a salpicar al patrimonio personal del Administrador de la sociedad.

La finalidad de esta medida es reducir el plazo entre la determinación de la deuda tributaria y su exigencia, en su caso, al responsable. Así, se establece una doble competencia para la tramitación de este procedimiento que opera en distintos momentos temporales: antes y después del vencimiento del período de pago voluntario de la deuda tributaria liquidada al deudor principal.

En este sentido, y para que el responsable adquiera la condición de obligado al pago se debe dar el presupuestode la responsabilidad, se le debe de notificar el acto de declaración de responsabilidad, y solo entonces, se le puede requerir el pago al responsable.

¿Qué mecanismos de defensa tienen los administradores?

Sin embargo, no cabe sistemáticamente derivar responsabilidad al Administrador como mecanismo inquisitivo de presión recaudatoria por parte de las Administraciones Tributarias.

Por fortuna, en dicho procedimiento contradictorio, el nuevo responsable de la deuda, adquiere todos los derechos de impugnación del deudor principal; no solo puede alegar y recurrir cualquier motivo referente al supuesto de hecho de la responsabilidad, sino también sobre los conceptos y cuantías de la liquidación efectuada al obligado tributario principal que se le exige. Pero además, le asiste un derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos en la legislación civil en vía de regreso.

Puede suceder que la acción de derivación se articule frente a varios responsables, como pudieran ser dos Administradores solidarios. En tal supuesto, se inician dos procedimientos administrativos autónomos, y cada responsable actuará individualmente frente a la Administración. Ambos, tendrán acceso a todos los documentos que obren en el expediente administrativo de quien fuera parte en el proceso principal.

La suspensión con garantías que se acuerda respecto de un responsable no beneficia a los demás responsables solidarios por la misma deuda, de suerte que, impugnada y avalada la deuda frente a uno de los Administradores, la Administración podría seguir las actuaciones frente al otro Administrador solidario.

Seguiremos recibiendo actos de derivación indeseados para nuestros clientes, siendo lo esencial en todo este escenario, adoptar las cautelas necesarias en los actos que efectúen los Administradores para, en su caso, tener éxito si la Administración pretende derivarle la responsabilidad tributaria de su empresa.

Autora del post: CAROLINA VERDÉS PASTOR – Vicepresidenta Territorial de Valencia – APAFCV

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