Como si del Guadiana se tratara, vuelve a saltar a los medios la deslocalización de la residencia fiscal hacía países con nula o baja tributación, esta vez a cuenta de quienes gestionan contenidos audiovisuales, coloquialmente YouTubers.

Podemos considerar que este proceder deba ser calificado como de evasión fiscal. Pero… ¿por qué no de fraude fiscal o de elusión fiscal?. Estos conceptos todos mutantes, son fruto de su frágil conceptuación. Resolver un problema de esta envergadura, primero pasa por entenderlo. De mejor solución será, para resolver un problema, saber al menos, cuál es ese problema. Nada que decir sobre la manida economía sumergida, que, para contribuyentes con pocos posibles, bendita es.  

Sin duda alguna, nadie puede ni debe mostrarse defensor del fraude fiscal.

En la Unión (27), los ciudadanos tienen el derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, tal como establece el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; además la ciudadanía se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. El mercado interior implica un espacio, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada.

Qué impide residenciarse en, digamos, Estonia, Irlanda o Letonia, salvo que sea fruto de una ficción, y por tanto de difícil defensa. En otro caso más cercano, qué impide a un local de Aracena establecer su residencia en Alcorcón. A falta de armonización fiscal, el mosaico de tributos que graban la obtención de rentas está servido, en España como en la Europa de los 27. En todo caso la inequidad fiscal es patente, inaceptable e inasumible.

Fuera de la Unión, el mosaico de opciones, simplemente se amplía. Localizar una actividad en, digamos, el Principado de Andorra, tiene la dificultad de justificar la realidad de la habitualidad de la residencia; por tanto, salvando cuestiones personales, son consideraciones laborales las que permiten una deslocalización fiscal. Nada que decir sobre la necesidad por movilidad laboral fuera del lugar fiscal de origen; si, prestar atención a la movilidad por opción. 

Hoy la globalización y la mejora de las comunicaciones facilita, de qué manera, vivir y trabajar en un territorio de baja o nula tributación, distinto al de origen.

Pagar impuestos es una cuestión esencial para el buen funcionamiento de los servicios públicos. Hoy, la vacunación a la población española contra el covid-19 es gratuita, la vacuna así es un bien público puro, pero ¿quién paga las vacunas? Pues entre todos, con la aportación que individualmente corresponda. Entre todos significa, entre todos los contribuyentes residenciados en territorio español; por tanto, los nacionales residenciados en otra jurisdicción fiscal nada aportan.

Pero ¿es reprochable la actitud de modificar la residencia por cuestiones fiscales?

Como ya hemos señalado, la libertad de circulación de personas o de residenciar capitales en los países de la Unión, es un derecho; además, nada empece para que un contribuyente español disponga de una cuenta de depósito en una entidad bancaria de terceros países, sean o no jurisdicciones no cooperantes.

En el supuesto que un contribuyente español deje de ser residente fiscal en España, se pierde, no solo la recaudación por los impuestos que le afecten, sino también (i) el consumo de su capital, o sea, el gasto cotidiano también se deslocaliza, (ii) la generación de empleo, o sea, el crecimiento de sus actividades, también se deslocaliza, (iii) el efecto arrastre que esto puede suponer y (iv) el gasto empleado en la formación de esta persona hasta que decide su deslocalización, también se pierde.

No hay duda sobre el mosaico tributario en que se ha convertido el sistema fiscal español, prolífico en promulgación de leyes y normas; con dificultades de interpretación; cambios de criterio; judicialización de controversias; qué decir de la seguridad jurídica que debe envolver las relaciones entre administrado y Administración. Muy lejos queda la derogada Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, demasiado lejos.

Quizás debamos hacer autocrítica. En España, la última reforma tributaria se hizo en 1977 y la anterior a esta, en 1845, vamos a reforma por siglo. Mucho se habla hoy de la “inteligencia artificial” y sin embargo, la fiscalidad es del pasado, arcaica, nada inteligente. Que alguien me explique, cómo se puede avanzar, en algo tan esencial como es el bienestar del Estado de derecho, estando anclados al pasado.

¿Quién es, pues, el deslocalizado?

Autor del post: ANTONIO TARAZONA CARLES – Vocal de la Junta de Gobierno de APAFCV

Antonio Tarazona Carles

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